LA DEMOCRACIA:
La democracia, es aquel sistema de gobierno, en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada, en el pueblo. Por medio de elecciones directas o indirectas, quien elige las principales autoridades del país. Asimismo, es el pueblo, quien puede cambiar o ratificar a estas mismas autoridades, en las siguientes elecciones populares. Por este motivo los griegos hablaban de la democracia, como el gobierno del pueblo; de hecho este es su significado literal.
Es así, como se puede conformar una democracia directa, donde el pueblo es quien toma todas las decisiones ejecutivas y legislativas, o la democracia representativa, donde le pueblo por medio de votación popular escoge las autoridades que representarán a la ciudadanía, en la toma de decisiones.
Valores de la Democracia:
Tres son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo que es la soberanía popular: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para comprenderlos adecuadamente conviene considerarlos analíticamente, para después examinar sus relaciones de conjunto, sin embargo existen otros valores que debemos aplicar, para entender y lograr la libertad. La igualdad y la fraternidad y son:
Libertad
Por libertad se entiende que cada individuo goza del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie -ni el gobierno, ni organización social alguna, ni algún otro individuo se lo impidan. Por ejemplo, todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferencia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de votar por un partido, de vestir, de pensar, etc. Su libertad así entendida puede verse como la posibilidad de elegir entre diversas alternativas sin verse sujeto a sanciones, amenazas o impedimentos; es, por ende, una libertad frente a los demás y frente a las instituciones sociales y políticas.
Entendida así, la libertad se institucionaliza en una serie de derechos o libertades específicas: de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de religión, etc. Se trata de los célebres derechos del ser humano en tanto ser humano, que constituyen la base real de la ciudadanía moderna, es decir, del individuo como sujeto fundamental del orden democrático. En ocasiones se llama a estos derechos libertades formales, debido a que se refieren a condiciones puramente procedimentales, haciendo abstracción de capacidades y condiciones concretas. También se les denomina libertades negativas, enfatizando que se es libre frente a los demás, en relación con posibles interferencias negadas. Pero quizá lo más exacto sea decir que son derechos en los que se salvaguarda la posibilidad de cada persona de elegir su forma de vida, de elaborar y desarrollar libremente sus planes privados y particulares.
Existe, sin embargo, un segundo sentido de la libertad democrática según el cual ésta significa capacidad de autogobernarse o autodeterminarse y, por lo tanto, de asumir como legítimas sólo las obligaciones y vínculos que cuenten con su aprobación tácita o explícita. Aunque relacionado con la acepción anterior, este sentido de la libertad supone el derecho de cada individuo de participar en la elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le conciernen y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo. Puede decirse, entonces, que este derecho de autodeterminación de los seres humanos es lo que sostiene el principio democrático fundamental de la soberanía popular.
Igualdad
El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.
El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social.
La igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos es el segundo valor fundamental de la democracia moderna. Este valor no significa que se cancelen todas las diferencias o incluso desigualdades de corte económico, social, cultural o físico, sino que ninguna de tales diferencias o desigualdades puede legitimar el dominio de unos seres humanos sobre otros y, por ende, la preeminencia política de los primeros sobre los segundos. Por eso, es un principio básico de los procedimientos democráticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto y sólo a un voto, y que ningún voto valga más que los demás. De esta manera, en el momento de emitir los sufragios desaparecen las diferencias intelectuales, físicas o socioeconómicas, y cada votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios, sin importar su ocupación, su sexo, su fortuna o sus capacidades personales.
Pero el valor de la igualdad política no sólo se realiza en los comicios: implica, por el contrario, que todo ciudadano goza de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que no existan grupos, clases o capas sociales privilegiadas con derechos políticos especiales, lo que explica que las normas jurídicas democráticas tengan que ser universales al disponer los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, y que nadie -persona o grupo pueda pretender colocarse por encima del imperio de la legalidad. Siendo esas normas universales, su aplicación deberá ser igualitaria, sin excepción de personas o intereses específicos.
Fraternidad
Es sinónimo de hermandad, y por extensión de amistad o camaradería. el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión, o entre partidos políticos, no son contradicciones absolutas, antagónicas, que sólo puedan superarse mediante el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Por ello, la democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada por polarizaciones extremas, cualquiera que sea su naturaleza, pues entonces no existe la posibilidad de llegar a acuerdos y compromisos y sólo queda la «solución» de fuerza, la exclusión, el aniquilamiento, el sometimiento absoluto de los derrotados, situaciones todas radicalmente incompatibles con los valores democráticos en su conjunto.
En este sentido, la instalación y consolidación de un sistema democrático parece exigir un aprendizaje colectivo de los valores de la estabilidad, de la paz, de la legalidad, de la autolimitación, de la cooperación y de la tolerancia. Un aprendizaje que lleva a reconocer derechos y obligaciones recíprocos, a asumir el valor de la pluralidad y la diversidad, y a renunciar a dogmas y maniqueísmos políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a la formación de partidos y tendencias políticas conscientes de los alcances y las limitaciones de la competencia propiamente democrática, en la que nadie puede colocarse por encima de la legalidad, en la que nadie puede pretender tener privilegios contra la mayoría, en la que, incluso, las mayorías eventuales han de asumirse siempre como parte y no como todo, y en la que, por consiguiente, deben respetarse plenamente los derechos de las minorías, incluido su derecho a volverse mayoría.
Legalidad
Cumplir las leyes y normas para lograr, una mejor convivencia, entre las personas.
Respeto
Cuidar la manera en que nos dirigimos a las otras personas, reconociendo que tenemos los mismos derechos.
Diálogo
Intercambio de opiniones e ideas de manera pacífica, para llegar a un acuerdo.
Acuerdo
Cuando dos o más, personas toman una decisión por medio del diálogo.
Tolerancia
Aceptar que los demás sean, piensen y actúen de forma diferente a la nuestra.
Justicia
Tratar por igual a cada persona respetando sus derechos.
Convivencia pacífica
Cuando las personas viven en sociedad con libertad, justicia y paz
Lo Opuesto a la Democracia y sus Valores
Intolerancia
Rechazar a las personas por sus diferentes formas de ser, pensar o actuar.
Violencia
Se da cuando el uso de la fuerza y la agresión sustituyen al diálogo y el respeto, afectando la convivencia pacífica entre las personas.
Ilegalidad
No cumplir las leyes y normas, lo que afecta la convivencia pacífica y genera conflictos.
Autoritarismo
Imponer decisiones sin considerar las opiniones y los derechos de los otros.
Conflicto
Pugnas y luchas que se suscitan cuando no se respeta a las personas, sus derechos y opiniones.
Injusticia
Dejar de reconocer o dar a alguien lo que le corresponde.
Si bien, en términos modernos, la democracia se opone a la dictadura, y más generalmente, a los gobiernos autoritarios. En cualquier caso, el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, o en otros términos, el de que el único soberano legítimo es el pueblo, pero para ello debemos entender que es la Soberanía, o ser soberano.
Soberanía
En el desarrollo de las complejas sociedades del México moderno surgió la necesidad de contar con un poder centralizado, capaz de pacificar y someter dentro de un territorio determinado tanto a los poderes ideológicos, como a las iglesias, universidades, medios de comunicación, a los poderes económicos, grupos financieros, empresariales, corporaciones, lo que llaman la IP, la Banca, La Bolsa de Valores, El dinero, etc., pero mediante la monopolización de la violencia legítima.
Así, emergió el Estado político moderno, como instancia para defensa de la unidad nacional: tanto para hacer frente a las amenazas externas, en sus aguas, como en sus mares dentro del territorio nacional, como en aguas internacionales, así como a los peligros internos de disgregación. Para ello, dicha instancia tuvo que afirmar su poder como poder soberano, es decir, superior políticamente al de cualquier otro poder, tanto externo como interno. Por eso se dice, que un Estado es soberano, que un Congreso Local de Diputados, es soberano, que un País es soberano.
Ahora bien, cuando se dice que el pueblo es soberano, se refiere que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente del pueblo; que no existe, por lo tanto, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad popular. Nótese bien que lo decisivo para el principio democrático no es, como en ocasiones se pretende, que se gobierne para el pueblo, para su beneficio y bienestar, como hacen los gobiernos autoritarios y dictatoriales, aunque se corre el riesgo, de hecho, de pretender hacerlo así. Sin embargo, los gobiernos democráticamente configurados, pueden desarrollar políticas que no sean contrarias a esos supuestos beneficios y bienestar. Por lo tanto, no es el contenido político de un gobierno, lo que determina su naturaleza democrática o autocrática, sino el modo en que este gobierno es constituido y legitimado. La democracia es, estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.
La Soberanía Popular
¿Cómo es posible esto? ¿Que el pueblo sea el que gobierne?
Pues bien, cuando en las sociedades democráticas modernas se habla del pueblo soberano, esta expresión se refiere exclusivamente al conjunto de los ciudadanos, es decir, de los hombres y mujeres que gozan de derechos políticos y que pueden, por consiguiente, participar de un modo o de otro en la constitución de la voluntad política colectiva. Cabe destacar que, así definidos los ciudadanos que forman el pueblo gobernante o soberano, siempre son menos que los simples habitantes o miembros de una población. Aun si, hoy en día, la extensión de los derechos ciudadanos abarca a las mujeres y a los jóvenes mayores de 18 años, y quedan todavía fuera los menores de esa edad, los extranjeros, así como los que ven suspendidos tales derechos a causa de la comisión de algún delito, y que por consecuencia, se encuentran purgando una condena apartir del auto de formal prisión o un sentencia.
Principios de la Democracia
Son: Principio de Mayoría y Principio de la Representación
El Principio de Mayoría
El poder político en las sociedades se encarga de gobernar, es decir, de tomar decisiones que conciernen y afectan la vida de todos sus integrantes. Ahora bien, cuando las sociedades son grandes y complejas surge el problema de cómo unificar intereses y opiniones no sólo diferentes sino también, con frecuencia, contrarios. Dado que no es posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea superable absolutamente y que, de pronto, todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse políticamente, es necesario que existan procedimientos que permitan unificar democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones públicas legítimas. Uno de estos procedimientos es el que se basa en el principio de la mayoría, que básicamente postula que, en ausencia de unanimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los participantes. Si el pueblo entonces no puede ponerse de acuerdo de manera unánime será necesario que sea su mayoría la que determine el curso a seguir.
Derecho de Minorías
Hay que destacar que el criterio de mayoría, no puede imponerse de una vez y para siempre. Por el contrario, mayoría y minorías pueden modificar sus respectivos lugares, y esa es una de las características centrales de las reglas democráticas. Las minorías tienen, por una parte, derechos consagrados, y por otra, pueden legítimamente aspirar a convertirse en mayoría. En un régimen democrático, a diferencia de uno autoritario, las minorías tienen derecho a existir, organizarse, expresarse y competir por los puestos de elección popular.
De hecho, cuando alguno de esos derechos se vulnera o lesiona, un pilar fundamental de la democracia se cancela. Quizás uno de los indicadores más claros para evaluar la existencia o no de la democracia sea precisamente el estatus jurídico y real del que gozan las minorías.
Se desprende de lo anterior que si las minorías gozan de esos derechos, al ejercerlos puede llegar a convertirse en mayoría. La interacción entre una y otras es precisamente el sello distintivo de la democracia. Mientras en un régimen autoritario las minorías son proscritas y se les niegan, en términos generales, sus derechos, el régimen democrático tiende a garantizarlos.
Principio de la Representación
Las tareas gubernamentales -la elaboración, discusión e implantación de políticas públicas- suponen hoy día un alto grado de complejidad y especialización. Los gobiernos contemporáneos tienen que tomar constantemente decisiones de acuerdo con circunstancias cambiantes, asumiendo responsabilidades por las mismas y evaluando sus resultados. Todo ello vuelve inviable, e incluso indeseable, la participación permanente de la ciudadanía en su conjunto, que no sólo desconoce generalmente la complejidad de los problemas en cuestión sino que, por razones evidentes, no puede dedicarse de tiempo completo a las tareas de gobierno. Un Estado que por incrementar la democracia pretendiera poner a discusión y votación del pueblo todas y cada una de las medidas a tomar no sólo caería en políticas incoherentes y contradictorias, sino que también se volvería intolerable para el buen funcionamiento de la sociedad al exigir de los ciudadanos una dedicación total en las cuestiones públicas.
Por ello, la democracia moderna sólo puede ser representativa, es decir, basarse en el principio de la representación política, la representación popular, a través de los regidores, los presidentes municipales, los diputados locales, los diputados y senadores, los Gobernadores y el Presidente de la República. El pueblo, es decir los ciudadanos en su conjunto, no eligen de hecho, bajo este principio, las políticas a seguir, las decisiones a tomar, sino que elige a representantes, a políticos, que serán los responsables directos de tomar la mayoría de las decisiones. Ello no anula, por supuesto, la posibilidad de que en algunos casos excepcionales, la aprobación de una ley fundamental o de una medida extraordinaria, se pueda recurrir a un plebiscito, es decir, a una votación general para conocer la opinión directa de la ciudadanía. No obstante, debieran ser evidentes las limitaciones de un procedimiento que, por naturaleza, excluye la complejidad de los problemas así como la necesidad de discutir ampliamente las políticas a seguir, y que sólo puede proponer alternativas simples a favor o en contra.
El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.
Se constituyó formalmente el 11 de octubre de 1990, como resultado de una serie de reformas a la Constitución Política aprobada en 1989 y de la expedición, en agosto de 1990, de una nueva legislación reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), hoy vigente. En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.
Por mandato constitucional, el ejercicio de la función que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral se debe regir por cinco principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Desde la fecha de su creación, la normatividad constitucional y la legal en la materia han experimentado importantes procesos de reforma que han impactado de manera significativa la integración y atributos del IFE. En este sentido, merece una mención especial la aprobada en 1996, que reforzó el nivel de independencia y autonomía del Instituto al desligar por completo al Poder Ejecutivo de cualquier aspecto relativo a su integración y funcionamiento y reservar el voto dentro de todos sus órganos de dirección al conjunto de integrantes que no tienen vínculos partidistas o con algún poder o instancia estatal. El Instituto Federal Electoral está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
